¿Qué es la Corrupción y cómo puede combatirse? El Caso de México

Actualizado: 12 de mar de 2019


La corrupción es uno de los principales problemas que existen en nuestro país, que se ha arraigado desde hace muchas décadas en los distintos órdenes de gobierno y en los estratos de la sociedad.

¿Qué sucede?

La corrupción existe en la mayoría de los países del mundo, pero en nuestro caso ha permanecido durante varios sexenios, e impacta el Producto Interno Bruto de manera importante. Durante el gobierno actual se ha incrementado y ocupa un lugar especial en la agenda de los candidatos a la presidencia de la república.

¿Por qué es relevante?

La corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio y no sólo abarca el ámbito de los funcionarios y servidores públicos, sino también de quienes se desempeñan en la iniciativa privada y la ciudadanía en general. En México se ha convertido en una práctica frecuente, y aunque es difícil, puede combatirse y erradicarse.

¿Cómo Afecta?

La corrupción es uno de los problemas principales que padecemos en México y que nos afecta a todos, ya que incide en problemas económicos, de productividad, competitividad, e inclusive de seguridad y al manifestarse de diversas formas, en los tres órdenes de gobierno, en la impartición de justicia, en el sector empresarial y en la ciudadanía, resulta dificil erradicarla, por lo que deben conjugarse distintas estrategias para conseguirlo.

Artículo Completo

Según la Secretaría de la Función Pública, la corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio y puede clasificarse en: corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.

Corrupción a gran escala: es la relativa a los actos cometidos en los niveles más altos del gobierno, que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.

Actos de corrupción menores: consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, oficinas de trámites, departamentos de policía y otros organismos.

Corrupción política: se define como la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio (Secretaría de la Función Pública, Tipos de Corrupción, 2017).

Organismos tales como Transparencia Internacional y el Banco Mundial, señalan que la corrupción consiste en el abuso de un poder delegado para el beneficio propio, y utilizan este concepto para desarrollar políticas públicas y campañas de comunicación enfocadas a combatirla y en fomentar la integridad en los gobiernos y la función pública. Dicha definición resulta útil para identificar de manera general a la corrupción asociada con los agentes del Estado. En lo específico podemos citar el ejemplo según el cual un servidor público solicita un pago extraoficial (o “mordida”, como se le llama en México), a cambio de beneficiar de manera indebida, a alguien que realiza un trámite o quiere evitar una multa (Transparencia Internacional, 2017).

Otra manera de definir la corrupción es por medio de los delitos asociados a ésta. Por ello, aunque el Código Penal Federal (CPF) no contiene una definición de la palabra “corrupción”, sí incluye un Título completo dedicado a “Los delitos por hechos de corrupción”, donde se definen a detalle conceptos como “Ejercicio ilícito del servicio público”, “Abuso de autoridad”, “Desaparición forzada de personas”, “Coalición de servidores públicos”, “Uso ilícito de atribuciones y facultades”, “Concusión”, “Intimidación”, “Ejercicio abusivo de funciones”, “Tráfico de influencias”, “Cohecho”, “Cohecho a servidores públicos extranjeros”, “Peculado” y “Enriquecimiento ilícito” (Título décimo: Delitos cometidos por Servidores Públicos, 2009). En el mismo título se aclara que estos delitos son aplicables a servidores públicos de la “Administración Pública Federal centralizada y en la del Distrito Federal”, así como “a los gobernadores de los estados, a los diputados, a las legislaturas locales y a los magistrados de los tribunales de justicia locales” (Código Penal Federal, Título décimo: Delitos cometidos por Servidores Públicos, 2009).

No obstante, cabe señalar que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de quienes laboran en entidades gubernamentales, sino también en las privadas. Como ejemplo podemos citar el soborno que solicita un gerente para conceder un ascenso laboral en una empresa, que se equipara a la dádiva que solicita un legislador para asignar un presupuesto en un municipio. Para que un acto ilícito sea considerado como corrupción, no sólo abarca la afectación de lo público, sino que basta con que una de las partes abuse de un poder delegado o usurpado para beneficio personal. De modo que la corrupción no es un problema exclusivo del gobierno y los funcionarios, sino un fenómeno que se manifiesta en diversos espacios públicos y privados, pero que cobra mayor relevancia cuando afecta lo público.

Algunos estudiosos del tema opinan que en México existe una forma dual de considerar a la corrupción, ya que por una parte se manejan los conceptos señalados anteriormente, y por otra es entendida como un fenómeno de clases y cultura, donde se sobreentiende que los servidores públicos son por lo general proclives a la corrupción, y los gobernados, al situarse en un contexto de desigualdad, están justificados para ser corruptos, y donde la interacción cotidiana entre ambos grupos genera una tradición; una manera no aceptable pero aceptada de hacer las cosas (Rivera Loret de Mola, Gustavo).

Por lo general, cuando los mexicanos hablamos de corrupción, nos referimos a la de “ellos”, los políticos y funcionarios y si se trata de “nosotros”, los gobernados, encontramos una serie de justificaciones para encubrir a la corrupción como maña, mordida, viveza, ventaja y atrevimiento, cuya valencia puede ser positiva o negativa dependiendo del contexto.

Entre los ejemplos más típicos para ilustrar las manifestaciones observables de la corrupción de “nosotros” destacan los pagos extraoficiales para agilizar trámites en ventanilla, las “mordidas” a los agentes de tránsito, el cobro de cuotas escolares, la “expropiación” de la vía pública por parte de franeleros, el comercio ambulante en banquetas y plazas públicas, la venta de piratería en tianguis, y el soborno académico. Quizá esto explique por qué los mexicanos rara vez llaman “corrupción” a los actos en los que incurren ellos mismos. Si México fuera un país más igualitario, seguramente la sociedad se sentiría más cómoda hablando de corrupción como un problema generalizado, no exclusivo de quienes ejercen el poder.

La corrupción de “todos” aglutina la de “ellos” y la de “nosotros”, y un gran número de mexicanos la atribuyen a la “pérdida de valores” y a la necesidad de inculcarlos desde la niñez; por otra parte, hay quienes consideran que la corrupción de “todos” tiene su origen en la corrupción de “ellos”, que no deja otro remedio que incurrir en la corrupción de “nosotros” y de alguna manera la legitima, pues la solución debería venir de arriba hacia abajo y no al contrario (Idem).

Sin embargo, esto no implica que la corrupción, por tratarse de un asunto de tipo cultural, se considere como un problema sin remedio. La aprobación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el 18 de julio de 2016, reforzada por una serie de leyes secundarias y políticas complementarias, sientan las bases jurídicas para combatir a este mal que limita sus oportunidades de movilidad social y de una vida mejor.

Según una encuesta de Gallup de 2015, más del 70% de los ciudadanos consideró que la corrupción era un mal generalizado en el gobierno; además, el desplome de la confianza y los altos niveles de corrupción han, a su vez, contagiado el desempeño económico.

Asimismo, el estudio del Índice de Competitividad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que 5% del PIB de México se pierde anualmente por corrupción; a su vez, otros informes ubican las pérdidas en un 9% del PIB.

Según el Estudio de la OCDE sobre Integridad en México, si la corrupción no se combate con eficacia, será imposible atender eficazmente muchos de los otros problemas graves que enfrenta el país, tales como la caída de la productividad y la competitividad, la desigualdad persistente y asuntos graves de seguridad regional, entre otros.

Dicho Estudio advierte sobre los desafíos que presenta la implementación de esas reformas a gran escala. Importantes inversiones en campañas de concientización, desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional deben llevarse a cabo seguidamente. Las etapas principales del proceso abarcan: proveer a los comités de ética con personal permanente y mandatos más claros, precisar el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas para hacerlo más viable, definir las políticas para la gestión y resolución de conflicto de intereses, proteger los derechos de quienes reportan irregularidades y equipar a los contralores internos para la realización de investigaciones disciplinarias y gestión de riesgos.

Con el fin de apoyar al gobierno de México en el logro de una implementación exitosa, el Estudio se apoya en buenas prácticas internacionales y lecciones aprendidas por expertos en la materia de los diferentes países miembros de la OCDE, incluyendo a Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, y Estados Unidos. El proceso del Estudio ha incluido asimismo, una serie de talleres sobre lo que constituyen elementos claves de los sistemas sólidos de integridad del sector público, tales como la ética, el conflicto de intereses, el control y la auditoría, los sistemas disciplinarios, los mecanismos de denuncia y la protección al denunciante.

Asimismo, la OCDE ya se encuentra trabajando con varios gobiernos sub-nacionales (Coahuila, Ciudad de México y Nuevo León) para apoyar la implementación de Sistemas Locales Anticorrupción.

Si bien la aplicación de cambios tomará tiempo y requerirá del esfuerzo de los participantes, hay buenas expectativas de que produzca los resultados esperados. Se tiene previsto que la OCDE supervise los avances obtenidos durante este año, para verificar los avances en la ejecución de las recomendaciones (Estudio OCDE sobre Integridad en México, 2017).

Bibliografía:

1. Secretaría de la Función Pública, Gobierno Federal, 2017.

2. Transparencia Internacional, 2017.

3. Código Penal Federal, Título Décimo: Delitos Cometidos por Servidores Públicos, 2009.

4. Rivera Loret de Mola, Gustavo, Revista Nexos, 2018.

5. Estudio OCDE sobre Integridad en México, 2018.

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