El Observatorio Reprobó a Estados y Municipios en Mejora Regulatoria

Actualizado: 12 de mar de 2019



El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria dio a conocer en octubre del año 2017, una evaluación en los estados y los principales municipios del país y presentó resultados poco alentadores.

¿Qué Sucede?

El Consejo Coordinador Empresarial, en apoyo a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria del gobierno federal, realizó durante el año 2017, una evaluación en las entidades federativas y sus capitales municipales en materia de mejora regulatoria, con base en tres indicadores principales: marcos normativos, fortaleza institucional y herramientas para promover los procesos.

¿Por qué es Importante?

Dicho estudio es muy importante, debido a que se requiere medir los distintos procesos y acciones, para poder evaluarlos, detectar los aspectos negativos y las áreas de oportunidad, a fin de poder mejorar.

¿Cómo Afecta?

La evaluación realizada por el Observatorio de Mejora Regulatoria resulta positiva, ya que permite a los responsables de mejora regulatoria de los estados y municipios detectar sus fortalezas y debilidades, establecer comparativos y mejorar en las áreas donde se requiera.

Artículo Completo

El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria analizó los marcos normativos, la fortaleza institucional y las herramientas de los gobiernos locales de México, y detectó que las políticas regulatorias de los gobiernos estatales y municipales continúan siendo ineficaces y generan costos elevados para las empresas nacionales al momento de gestionar los trámites correspondientes, según reveló el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria.

Dicho estudio, elaborado por el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (ONMR) –organismo integrado con apoyo de la iniciativa privada-, evaluó la política regulatoria de los gobiernos de los 32 estados del país y sus 32 municipios más representativos, así como las instituciones que implementan estas políticas y las herramientas integradas para el cumplimiento de trámites.

El indicador registró un avance promedio en mejora regulatoria a nivel estatal, de 35% y 21% para los municipios calificados, lo que refleja resultados poco alentadores.

El estudio identifica tres pilares en esta materia: el marco normativo que sustenta la política regulatoria, la fortaleza institucional de la entidad para aplicar e impulsar la política de mejoras regulatorias, y las herramientas que utilizan las autoridades para mejorar el acervo regulatorio, simplificar trámites y facilitar el cumplimiento de obligaciones ciudadanas.

La evaluación de los 32 estados respecto a la disponibilidad de herramientas enfocadas fue de 21% y en los municipios se halló en 17%.

“El avance es todavía muy pequeño en términos de herramientas y éstas son fundamentales porque ahí es donde se van haciendo los logros; el andamiaje legal es importante, que existan las instituciones, pero la implementación, el hecho de realizar los avances se da con las herramientas”, afirmó Luis Foncerrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, uno de los organismos que apoyó a la integración del Observatorio.

En el indicador de políticas a nivel estatal se detectó un porcentaje de avance de 50%, al igual que en el indicador de instituciones; en el ámbito municipal, se llegó a 26% en el campo de políticas y a 25% para la conformación de las dependencias encargadas de aplicar la mejora regulatoria.

El avance regulatorio en el gobierno federal obtuvo un porcentaje de avance de 76.5%, comparado con las mejores prácticas internacionales.

En la evaluación se incluyó una lista de todos los estados y municipios participantes. El estado con mayor puntaje, de una escala de 5 puntos, fue Morelos con 3.01, arriba de Nuevo León con 2.99, Aguascalientes con 2.78 y Jalisco con 2.52. El peor calificado fue Nayarit con 0.24, por debajo de Baja California con 0.55, Michoacán con 0.74 y Quintana Roo con 0.76.

“Los resultados de los rankings estatal y municipal están sustentados en una metodología basada en las mejores prácticas de mejora regulatoria y tuvieron que proporcionar evidencia sustentada para acreditar sus avances. No se debe leer como si Morelos tiene los mejores trámites, sino el mejor andamiaje para lograr alcanzar las mejores prácticas”, aclaró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), otro de los organismos que participan en el Observatorio.

“La ineficacia en materia regulatoria de los tres niveles de gobierno, impacta directamente a la actividad productiva de las empresas y con ello la generación de empleos formales”, señaló Castañón durante la presentación del indicador.

“El costo en México del cumplimiento de medidas regulatorias federales era hasta diciembre de 2012 de 4.25% del PIB”, informó el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer, antes Cofemer), con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Ante dichos resultados, las organizaciones propusieron en ese entonces al Congreso de la Unión, elaborar una ley general de mejora regulatoria, que garantizara la implementación de estas políticas a nivel nacional, y actualmente dicha ley ya está vigente.

Los resultados obtenidos en el primer ejercicio de medición elaborado por el Observatorio, volverán a evaluarse cada año y además se está elaborando un ejercicio similar con la opinión de empresarios en 250 municipios del país.

De igual importancia es la evaluación sobre los costos regulatorios en nuestro país, y según el estudio realizado al efecto, “en promedio, cada unidad económica desembolsó 48,871 pesos por cumplir con trámites y servicios advierte la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas”.

“A las empresas mexicanas les costó alrededor de 115.7 mil millones de pesos cumplir con las regulaciones en 2016, que representa el 0.56% del Producto Interno Bruto (PIB)”, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE).

“En promedio cada unidad económica desembolsó 48 mil 871 pesos por cumplir con trámites y servicios”, revela el estudio que elaboró por primera vez el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El costo regulatorio para las empresas fue de 182 mil 633 hasta 14 mil 457 pesos, dependiendo de la entidad en la que se establecieron.

Cabe señalar que “dichos resultados deben analizarse de manera precisa, debido a que podrían referirse al nivel de complejidad de las unidades económicas y lo que se refleja como el costo promedio”, advirtió Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, durante la presentación del estudio.

“No podemos inferir en automático que estados como Michoacán, Hidalgo y Chiapas sean más eficientes que estados como Nuevo León, simplemente por el nivel de complejidad industrial que estamos midiendo, porque tienen que cumplir con una multiplicidad de trámites más amplia, a veces más profunda en materia ambiental, en materia de seguridad pública, etcétera”, señaló.

“De las empresas encuestadas, 52.6% advirtieron de costos monetarios al llevar a cabo las tareas regulatorias a las cuales estuvieron sujetas”.

Al respecto, “65.1% de las unidades económicas grandes señalaron que el cumplimiento de trámites implicaba costos monetarios y en promedio ascendían hasta dos millones 287 mil 287 pesos”.

“61.8% de las empresas medianas identificaron costos monetarios, con un promedio de 817 mil 270 pesos; 61% de las pequeñas, con un costo promedio de 254 mil 783 pesos; en tanto que 52.2% de las microempresas señalaron costos regulatorios por un promedio de 22 mil 44 pesos”.

Según la información obtenida por el ENCRIGE, las cinco entidades con costos monetarios más elevados en materia regulatoria durante el año 2016 fueron:

  • Baja California Sur: el porcentaje de unidades económicas que señalaron costos monetarios por el cumplimiento fue de 53.3% y en promedio ascendió a 182 mil 633 pesos.

  • Nuevo León: 170 mil 144 pesos en promedio gastaron las empresas en materia regulatoria. 45.8% de las unidades económicas de este estado advirtieron de costos monetarios al cumplir con sus obligaciones.

  • Tlaxcala: 81.8% de las empresas señalaron que para cumplir con las regulaciones tuvieron que incurrir en costos monetarios y gastaron alrededor de 138 mil 515 pesos.

  • Tamaulipas: 49.7% de las unidades económicas advirtieron costos monetarios, por un promedio de 102 mil 774 pesos.

  • Chihuahua: de las empresas encuestadas en esta entidad, 69.3 por ciento señalaron costos monetarios con un promedio de 91 mil 892 pesos.

Cabe señalar que 50.9% de las empresas encuestadas consideraron que, durante 2016, las cargas administrativas para cumplir el marco regulatorio fueron mayores o siguieron igual de pesadas con relación a las de 2015.

El periodo de referencia de la información a la que se refiere la encuesta es de enero a diciembre de 2016 y se seleccionaron a 34 mil 681 unidades económicas para el tamaño de la muestra nacional.

Cabe hacer notar que el Observatorio de Mejora Regulatoria ya está realizando la evaluación del 2018, y se prevé concluirla en los próximos meses.

Bibliografía

*Forbes, Navarro, María Fernanda, 24 de octubre de 2017.

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